En la clausura del reciente 5to. Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, celebrado en La Habana, se presentó una Declaración de la Sociedad Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES) sobre la “despatologización” de la transexualidad. Un nombre muy complejo para algo muy claro: que no se considere más a la transexualidad como una enfermedad.
Pero, ¿por qué una declaración sobre la transexualidad? Porque, desde fecha tan cercana como 1979, los principales textos que regulan los protocolos de tratamiento y los procedimientos médicos internacionales consideraron a los transexuales como enfermos psiquiátricos, con “disforia” -o trastornos- en su identidad de género.
Esos textos son, fundamentalmente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM), que publica la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las mismas organizaciones y los mismos textos de los que fue retirada la homosexualidad como enfermedad mental en 1973, el primero, y el 17 de mayo de 1990, el segundo -que marca, este último, la conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia.
Para nadie es un secreto que las personas transgéneros -incluyendo la transexualidad y las personas travestis- son mucho más vulnerables desde la infancia a la marginación, la discriminación y el estigma, por lo que considerarlos oficialmente como “enfermos” profundiza y perpetúa esta realidad, causando daños físicos y psicológicos irreversibles que en no pocas ocasiones pueden llegar al suicidio. Y está demostrado que ser transexual no es una opción ni una moda cosmética, sino una expresión de la identidad de género, una necesidad interior de estas personas a vivir con la identidad -masculina o femenina- a la que sienten pertenecer.
Y ¿por qué realizar en estos momentos esa declaración?
Para la comunidad científica cubana relacionada con la sexualidad este no es un tema nuevo y ha sido ampliamente debatido en los últimos años, sobre todo en la Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales, con experiencia de trabajo en este campo desde 1979 cuando fue creada por Vilma Espín como Grupo de Trabajo sobre Transexualidad.
Sin embargo, en el año 2012 la APA deberá publicar la quinta versión de su manual DSM y actualmente existe una gran campaña internacional, sobre todo de agrupaciones transexuales europeas y diversas personalidades, para aprovechar ese momento y corregir tal injusticia. Vale la pena recordar entonces la legislación internacional en relación a los derechos sexuales, específicamente el artículo 18 de los Principios de Yogyakarta, que establece “que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos”.
Los argumentos que se utilizan -fundamentalmente económicos y políticos- para mantenerla en la lista de enfermedades mentales pueden llegar a ser sorprendentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se justifica como vía para seguir contando con los fondos de la cobertura de atención médica y de las políticas de seguro. Otro caso, en Chile, el Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH) anunció recientemente su respaldo a ello con el fin de lograr un “mejor entendimiento” sobre estos temas con el gobierno derechista, lo que provocó una fuerte reacción negativa de las organizaciones de transgéneros en ese país.
La Declaración de SOCUMES, por tanto, tiene una gran importancia para definir la posición cubana a favor de su “despatologización”, que se garantice el reconocimiento y respeto a los derechos de esas personas -mucho más allá de la mera atención médica y psicológica-, que se apliquen estrategias educativas a todos los niveles de enseñanza y hacia la población en general sobre este tema (entre ellos, los policías) y que se incluya de forma amplia en las políticas sociales del Estado y el gobierno su atención integral. Se menciona incluso que un paso significativo en ese sentido será aprobar el Decreto Ley sobre "Identidad de Género”, ya propuesto, en el que se incluye el cambio de identidad de esas personas independientemente de que sean objetos de la cirugía de reasignación sexual -mal llamada “operación de cambio de sexo”.
Una Declaración oportuna y necesaria para un grupo de población que, aunque minoritario, merece la atención de la sociedad y de las autoridades, en beneficio del respeto a sus derechos y a sus aspiraciones como seres humanos.
Pero, ¿por qué una declaración sobre la transexualidad? Porque, desde fecha tan cercana como 1979, los principales textos que regulan los protocolos de tratamiento y los procedimientos médicos internacionales consideraron a los transexuales como enfermos psiquiátricos, con “disforia” -o trastornos- en su identidad de género.
Esos textos son, fundamentalmente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM), que publica la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las mismas organizaciones y los mismos textos de los que fue retirada la homosexualidad como enfermedad mental en 1973, el primero, y el 17 de mayo de 1990, el segundo -que marca, este último, la conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia.
Para nadie es un secreto que las personas transgéneros -incluyendo la transexualidad y las personas travestis- son mucho más vulnerables desde la infancia a la marginación, la discriminación y el estigma, por lo que considerarlos oficialmente como “enfermos” profundiza y perpetúa esta realidad, causando daños físicos y psicológicos irreversibles que en no pocas ocasiones pueden llegar al suicidio. Y está demostrado que ser transexual no es una opción ni una moda cosmética, sino una expresión de la identidad de género, una necesidad interior de estas personas a vivir con la identidad -masculina o femenina- a la que sienten pertenecer.
Y ¿por qué realizar en estos momentos esa declaración?
Para la comunidad científica cubana relacionada con la sexualidad este no es un tema nuevo y ha sido ampliamente debatido en los últimos años, sobre todo en la Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales, con experiencia de trabajo en este campo desde 1979 cuando fue creada por Vilma Espín como Grupo de Trabajo sobre Transexualidad.
Sin embargo, en el año 2012 la APA deberá publicar la quinta versión de su manual DSM y actualmente existe una gran campaña internacional, sobre todo de agrupaciones transexuales europeas y diversas personalidades, para aprovechar ese momento y corregir tal injusticia. Vale la pena recordar entonces la legislación internacional en relación a los derechos sexuales, específicamente el artículo 18 de los Principios de Yogyakarta, que establece “que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos”.
Los argumentos que se utilizan -fundamentalmente económicos y políticos- para mantenerla en la lista de enfermedades mentales pueden llegar a ser sorprendentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se justifica como vía para seguir contando con los fondos de la cobertura de atención médica y de las políticas de seguro. Otro caso, en Chile, el Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH) anunció recientemente su respaldo a ello con el fin de lograr un “mejor entendimiento” sobre estos temas con el gobierno derechista, lo que provocó una fuerte reacción negativa de las organizaciones de transgéneros en ese país.
La Declaración de SOCUMES, por tanto, tiene una gran importancia para definir la posición cubana a favor de su “despatologización”, que se garantice el reconocimiento y respeto a los derechos de esas personas -mucho más allá de la mera atención médica y psicológica-, que se apliquen estrategias educativas a todos los niveles de enseñanza y hacia la población en general sobre este tema (entre ellos, los policías) y que se incluya de forma amplia en las políticas sociales del Estado y el gobierno su atención integral. Se menciona incluso que un paso significativo en ese sentido será aprobar el Decreto Ley sobre "Identidad de Género”, ya propuesto, en el que se incluye el cambio de identidad de esas personas independientemente de que sean objetos de la cirugía de reasignación sexual -mal llamada “operación de cambio de sexo”.
Una Declaración oportuna y necesaria para un grupo de población que, aunque minoritario, merece la atención de la sociedad y de las autoridades, en beneficio del respeto a sus derechos y a sus aspiraciones como seres humanos.
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