Es triste que –aún cuando la Conferencia del Partido, hace
ya un año y medio, acordó incorporar explícitamente a la orientación sexual en
la lucha contra la discriminación como política en el país– los asesores
jurídicos del Ministerio del Trabajo hayan decidido hacer caso omiso de ello y
no la hayan incorporado en la propuesta del nuevo Código de Trabajo que se quiere discutir. ¿Olvido “involuntario” o
resistencia de los operadores del derecho? ¿O qué?
Es triste que –aún cuando los movimientos de izquierda y
progresistas en Nuestra América hacen visiblemente un uso consciente del lenguaje
de género para corregir el pérfido machismo que hemos heredado del idioma
castellano, incluyendo líderes como Chávez, Evo, Correa y qué decir de la
Cristina– en el nuevo Código de Trabajo
se proponga un artículo que pretenda institucionalizar el machismo en el
lenguaje.
Es muy triste que nuestra academia, las personas de ciencias,
quienes estudian y conocen del tema, vayan por un lado realizando aportes
significativos en la materia… y las personas responsables de escribir las leyes
vayan por otro y les ignoren flagrantemente.
Sin embargo, más allá de eso –y a pesar de ser Cuba faro y
guía del movimiento revolucionario latinoamericano, precursora de un modelo
emancipatorio en el continente–, es triste ver que una necesaria actualización
al Código de Familia en Cuba (que suponemos
incluye un simple reconocimiento a las parejas del mismo sexo –sin hablar de matrimonio,
ni adopción, ni otra propuesta de avanzada–) esté dando vueltas entre
organismos nacionales interesados desde hace más de 5 años y aún duerme el
sueño eterno de algún papeleo institucional.
Mientras tanto, en América Latina ya Argentina –a pesar del
Papa Francisco– tiene una Ley de
Identidad de Género y el Matrimonio
Igualitario, con derecho a la adopción incluido; en Brasil –que tiene uno
de los índices más altos de violencia homofóbica en el continente– también
tienen el Matrimonio Igualitario y el
derecho a la adopción, en Uruguay y México DF –con su fama de machistas– las
parejas homosexuales se pueden casar, en Colombia existe un sustituto legal
igual al matrimonio y en Ecuador un sustituto inferior.
Cuando todavía debatimos tímidamente si se pone explícito o
no el tema de la orientación sexual en nuestras leyes para protegerles de la
discriminación, ya existen leyes protectoras explícitas de este tipo en Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Uruguay,
Venezuela, dos regiones de Argentina y 14 entidades de Brasil.
Pero no se trata de una moda internacional que vemos por
TeleSur –porque es muy difícil, prácticamente imposible, que la prensa nacional
hable del tema, para no “saturar a los medios”–: se trata de educar y actuar en
función de ese sueño de lograr toda la justicia para todos y todas. Se trata de
adoptar las medidas legales para garantizar y proteger el derecho de la
ciudadanía, de forma clara y directa; para que el discurso que promulga que
“estamos avanzando” aterrice en acciones concretas de respeto a la orientación
sexual y la identidad de género de todas las personas.
Tomar en cuenta estos elementos en el nuevo Código de Trabajo sería un buen
comienzo.
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