De acuerdo a Paquito
–que está en las sesiones de la Asamblea y como periodista tiene acceso a los
documentos que se discuten– la versión que tienen ahora los diputados en sus
manos contiene en el artículo 2 una referencia explícita a la orientación
sexual como motivo de discriminación en el puesto de trabajo, definido en un
nuevo enunciado sobre “Igualdad en el trabajo”.
De ser así, estamos en las vísperas de un paso trascendental
en la legislación cubana, pues sería la primera vez en la historia de Cuba que
se aprueba una ley que proteja explícitamente los derechos de aquellas personas
que han decidido vivir abiertamente en contraposición a las normas heterosexuales,
en este caso en su entorno laboral.
Y no estamos hablando de poca gente. El reciente censo de
población perdió la oportunidad –por la acción a última hora de algún
funcionario homofóbico– de conocer a ciencias ciertas el número de personas que
se beneficiarán con esta medida. Sin embargo, algunos estudios en el mundo estiman
a este grupo poblacional en alrededor del 10% de la población general, por lo
que estaríamos hablando de más de un millón de personas en Cuba.
Aunque fue lamentable que la
propuesta inicial no incluyera este aspecto –en franco desconocimiento a los
objetivos de trabajo que había aprobado el Partido
en su Conferencia de 2012– se ha hecho justicia y llama la atención que haya
sido incorporado a solicitud de la gente en los debates populares.
No han sido pocas las personas que me han comentado que durante
las discusiones de esta propuesta en sus secciones sindicales se ha planteado
el tema, tanto en La Habana como en otras provincias, con una acogida favorable…
y no se ha caído nada, no ha temblado la tierra, ni ha habido nadie que amenace
con renunciar al Sindicato porque se apruebe tal cosa.
Desde esta perspectiva también constituye un paso valioso,
pues fue la participación de la ciudadanía la que ha traído el tema a la
legislación. Esto ha sucedido a pesar de que no ha habido ninguna acción
pública en su defensa pues, como era de esperar, los medios de la prensa
nacional no han dicho una palabra al respecto en las numerosas coberturas que
ha dado a este proceso.
Que haya sucedido así hace pensar en dos elementos: puede
ser una demostración de que la percepción de la población cubana con relación a
la orientación sexual de las personas está cambiando, al menos ligeramente, y que
la gente le ha perdido el miedo a hablar de ello y a defender abiertamente estos
derechos. Entonces también se trata de un paso importante contra el poder
patriarcal en Cuba.
Será igualmente una acción de justicia histórica ¿Cuántas
personas hemos conocido que no han podido acceder a un puesto de trabajo, o
han tenido que renunciar a su profesión, como consecuencia de acciones
homofóbicas? ¿Cuántas personas hemos conocido que han sufrido en silencio
toda su vida, o han tomado acciones más drásticas –léase emigración o incluso
el suicidio– por el acoso de las que han sido víctimas?
Queda claro que este paso trae nuevos retos. Entre ellos,
los necesarios cambios en los numerosos reglamentos que existen para que el
nuevo Código de Trabajo no se convierta en letra muerta. Está pendiente todavía
la asignatura de la “identidad de género”, porque –aunque el imaginario popular
piense lo contrario– las personas trans no necesariamente son homosexuales… y
se han quedado fuera de esta legislación. Se mantiene aún la necesidad de una
educación amplia y efectiva a la población sobre el respeto a los derechos
sexuales.
En mayo de 2013 el mapa de ILGA
–la organización más reconocida internacionalmente en temas de defensa de los
derechos de las personas lesbianas, gays, bisex y trans–
reconoce que ya 66 países en el mundo han aprobado leyes de protección explícita
a este grupo poblacional.
Cuba podrá ser el número 67 y así dar nuevos pasos
trascendentales. Porque si es importante elaborar políticas de protección a los
derechos de todas las personas –incluyendo su orientación sexual, como hizo el
Partido en 2012–, más importante aún es convertirlas en ley.
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